Participación política de la mujer en Colombia 9°

Participación política de la mujer en Colombia

Carlos Parra Dussan viernes, 8 de marzo de 2013
En el día de la mujer, deseo resaltar su ascenso en los niveles de participación
política, pues la reivindicación de sus derechos, ha sido un proceso lento que en
Colombia comenzó con el plebiscito de 1957 y se cristalizó con la Constitución de
1991. 

Así encontramos, a Noemí Sanín como primera Canciller 1991; Claudia Blum
presidenta del Congreso 2005; Viviane Morales, Fiscal General 2010; Sandra
Morelli, actual Contralora General; Luz Marina Bustos, primera General de la
Policía y Ruth Marina Díaz, primera mujer presidente de la Corte Suprema de
Justicia. No obstante, el papel primordial de todas estas mujeres en la historia del
poder político y el desarrollo económico y social de Colombia, siguen existiendo
enormes dificultades y retos para alcanzar la representación paritaria de mujeres y
hombres en los escenarios políticos.

La Constitución de 1991, no solo reconoció la igualdad entre hombres y mujeres
artículos 13 y 43, sino la obligación de garantizar la adecuada y efectiva
participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración pública
artículo 40, así como la aplicación de la equidad de género como principio rector
de los partidos políticos artículo 107, desarrollado por el Acto Legislativo 1 de
2009.De esta manera, la Ley Estatutaria 581 de 2000 o Ley de Cuotas, señala que
el 30% de los cargos de máximo nivel decisorio y otros niveles en la estructura de
la administración pública, deben ser ocupados por mujeres, garantizándoles la
adecuada y efectiva participación en todos los niveles de las ramas y demás
órganos del poder público.

Por su parte, la Ley Estatutaria 1475 de 2011, consagró el principio de igualdad de
género, estableciendo el 30% de participación femenina en las listas de partidos
políticos para cargos de elección popular, en donde se elijan más de 5 curules
artículos 28.

La Ley 1434 de 2011, creó la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer en el
Congreso, fomentando la participación de las mujeres en el ejercicio de la labor
legislativa y de control político.

De otro lado, la Ley 1450 de 2011, Plan Nacional de Desarrollo, establece en el
artículo 177, que el Gobierno Nacional en cabeza de la Alta Consejería para la
Equidad de la Mujer, adoptará una política nacional de equidad de género, para
garantizar los derechos humanos de las mujeres y su igualdad.

Por último, el documento de política pública CONPES 140 de 2011, establece las
metas y estrategias de Colombia para el logro de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, cuyo objetivo número 3, relativo a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, tiene como meta implementar las acciones
afirmativas para el aumento de la proporción de las mujeres candidatizadas.

En suma, es importante fortalecer la participación de las mujeres en las escuelas
de formación y liderazgo de los partidos políticos, así como la creación de las
direcciones de género, con el fin de potenciar su papel como lideresas políticas del
futuro, pues ellas crearán condiciones de desarrollo para nuestro país, tal como lo
han hecho las mujeres que aquí se han mencionado.

En conclusión, las mujeres, han contribuido de manera fundamental al progreso
político, social, ambiental, humano y económico de nuestro país, pero sigue
siendo necesaria la aplicación de la ley de cuotas, con el fin de alcanzar la paridad
cuantitativa y cualitativa entre hombres y mujeres en la toma de decisión.

Régimen Político 11°

El régimen político

El régimen político es el conjunto de normas y leyes que, siendo válidas o no, rigen las relaciones políticas de una sociedad concreta. Cuando decimos válidas, nos referimos a leyes y normas que están consignadas en la Constitución, en los códigos y en orden jurídico vigentes. En tal sentido, puede afirmarse que el régimen político es el orden o forma de una sociedad y, en consecuencia, su verdadera determinación.

El régimen político es el tipo de autoridad política que existe en un país concreto, y la forma en que se ejerce esta autoridad.

Uno de los aportes más significativos de este concepto a la comprensión de los fenóme­nos políticos, es que ofrece la posibilidad de entender el gobierno más allá de conside­rar si es bueno o malo, es decir, más allá de las valoraciones éticas que hagamos de él. Una vez comprendido que el Estado o, lo que es lo mismo, la organización política de la sociedad, representa un modo particular de organizar los distintos intereses sociales, hay que observar qué formas adquiere el poder dominante.

Así, pues, ten en cuenta que la relación gobernantes-gobernados es una relación de domi­nación, la cual no puede suponer el aplastamiento total de los gobernados por parte del gobernante

Sin embargo, la dominación tiene dos caras que deben guardar cierto equilibrio, si se desea la permanencia de la comunidad política. Esas dos caras son fuerza y consenso. La fuerza índica el principio de obligar a los súbditos o gobernados a seguir los mandatos del gobernante. El consenso deriva precisamente de la necesidad de construir una comunidad política sobre la base de leyes (fuerza ordenada), de tal manera que el dominio no se ejerza siempre a través de la fuerza bruta, sino que se busquen formas de incluir la voluntad de los asociados o de los ciudadanos en la conformación del orden político que se pretende mantener.

En la actualidad, los estudiosos de los problemas políticos utilizan muchos términos para denominar un régimen político. Sin embargo, la caracterización de la forma de dominación puede resumirse en el tipo de combinación que se establezca entre fuerza y consenso. Si el acento está puesto en la fuerza, tendríamos que hablar de un régimen político autoritario o dictatorial; pero si el acento se coloca en el elemento del consenso, hablaríamos de una dominación flexible o de un régimen político republicano o democrático.

En la última década, la transición en un país como Chile, de un régimen de dictadura —basado en la fuerza y en la represión desde el golpe militar de 1973, dirigido por Augusto Pinochet— a un régimen democrático liberal, — basado en la presencia de partidos que compiten por el voto popular—, ejemplifica muy bien las formas principales de régimen político. En el caso de Colombia, se mantiene un equilibrio sostenido entre exclusión e inclusión, entre fuerza y consenso, este último a través de la institución de las elecciones.